El nuevo pliego redefine al transporte público como una herramienta clave de planificación urbana y ordenamiento territorial, integrando la prestación del servicio a los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial y permitiendo adecuaciones dinámicas según el desarrollo urbano, la movilidad y la sustentabilidad.
Además, establece una zonificación operativa con áreas de concesión diferenciadas —Norte, Sur, Este y Oeste— e incorpora una Zona Centro y una Zona de Complementariedad, reemplazando el modelo rígido de exclusividad territorial por uno más flexible, que habilita superposiciones, servicios interzonales y refuerzos.
Por otro lado, incorpora indicadores objetivos basados en datos oficiales del sistema SUBE para evaluar a los oferentes y el desempeño del servicio, como experiencia en la zona, capacidad transportativa y demanda real. A diferencia del esquema anterior, se introducen métricas duras, comparables y verificables para una evaluación más precisa.
Asimismo, amplía sustancialmente los requisitos técnicos, incorporando tecnologías de bajas o nulas emisiones, la implementación obligatoria de un Sistema de Gestión de Flota único —centralizado y con acceso municipal en tiempo real— y convenios y proyectos con universidades,